Publicado originalmente en Radar #2 en la primavera de 2025. Traducido por Luisa Tapetillo.
La cuarta guerra mundial: de la guerra fría a la guerra contra el narco
Estamos viviendo la Cuarta Guerra Mundial, como dijo en 2003 el Subcomandante Marcos, portavoz anónimo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La tercera, usualmente llamada Guerra Fría, vio cómo trabaron confrontaciones la Rusia soviética y los Estados Unidos en unos cien países y pueblos de todo el mundo. De 1940 a 1990, el gobierno de Estados Unidos destruyó movimientos revolucionarios en todo el planeta y llevó a cabo operaciones culturales y políticas a nivel nacional que hicieron imposible la política revolucionaria. La revolución cubana, la Guerra de Vietnam y la independencia de Argelia se volvieron los símbolos de la resistencia, se volvieron una amenaza al poder militar estadounidense. En América Latina, los estudiantes, intelectuales y guerrilleros se prepararon para una “segunda independencia”. Esta vez en contra de la dominación del capital estadounidense en todo el continente.
En 1975, la contrainsurgencia estadounidense lanzó la Operación Cóndor cuando el pinochetista Manuel Contreras convocó a 50 líderes militares de toda la región para dar a conocer a sus aliados de la CIA en Santiago. Después, con apoyo estadounidense, los soldados y paramilitares mataron 60,000 izquierdistas en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador. Estas operaciones encubiertas fueron conocidas como Escuadrones de la Muerte: aviones y helicópteros que aventaban disidentes desde las alturas. La Operación Cóndor terminó en 1983 con la Guerra de los Balcanes, cuando Estados Unidos y Chile apoyaron al Reino Unido en contra de Argentina.
La Operación Cóndor fue sólo el comienzo de una fase del terrorismo estadunidense en América Latina. En Nicaragua, durante la Guerra de los Contras, murieron 30.000 sandinistas. En El Salvador murieron 40.000 personas en los ataques al FMLN y quienes la apoyaban. En Guatemala, 200.000 personas, principalmente campesinos mayas, murieron bajo el yugo del Estado controlado por Estados Unidos y los paramilitares entrenados por la CIA.
Este Terror Rojo lo conocemos en México como la Guerra contra el Narco. Desde 1986 unas 400.000 personas han muerto en una campaña inspirada en la Operación Cóndor.
Una declaración de guerra mundial
Con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, Estados Unidos estableció métodos legales para investigar y luchar en contra de amenazas internas y externas. Esta ley canalizó las fuerzas armadas estadounidenses al Departamento de Defensa y unió varias agencias de inteligencia para crear la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Cuarenta años después, en 1986, Ronald Reagan firmó la Decisión Directiva de Seguridad Nacional 221. Esta ley sustituyó las operaciones encubiertas de la CIA, puso “lucha contra el narcotráfico” donde antes decía “lucha contra el comunismo”. Cambiaron la fachada del intervencionismo. Como dijo el director: “…las mismas redes que se usaban para contrabandear drogas son las que se utilizan para traer armas ilegales… algunos grupos insurgentes financian sus actividades con el derecho de piso y los impuestos de sus actividades con las drogas… de primer interés son los países con una industria de narcóticos floreciente, en las que una combinación de traficantes internacionales de drogas, campesinos insurgentes y terroristas urbanos pueden contrarrestar la estabilidad del gobierno local; pueden corromper los esfuerzos por disminuir la producción, distribución y el procesamiento de las drogas; y distorsionar la percepción pública del problema de los narcóticos de forma que se vuelvan parte de un debate en contra de Estado Unidos y Occidente”.
Siguiendo al Subcomandante Marcos, creo que la Decisión Directiva de Seguridad Nacional 221 marca el comienzo de la Cuarta Guerra Mundial. Esta guerra ya no se trata únicamente de combatir movimientos de izquierda, su objetivo es la gente común y todo lo que se desvía de la blanquitud, lo occidental, del ideal individualista, el alma de la clase trabajadora moderna, sumisa y productiva.
La Cía, el crack y el mito del narco
La DEA y la CÍA necesitaban un enemigo para justificar la guerra contra el narco. En México, personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Don Neto y Rafael Caro Quintero se volvieron símbolos del tráfico de drogas, sus figuras fueron convertidas en un mito por los medios y el Estado. Los medios masivos transformaron el prosaico mundo del tráfico de drogas y su logística en un espectáculo: luchas de poder, reinos en combate y drama al estilo del Padrino. La violencia y la pobreza que desencadenó la liberalización del mercado y las medidas represivas que implicó le echaron la culpa a los “cárteles”.
De la guerra de los contras a la guerra contra el narco
En 1962, el general estadunidense William Westmoreland llevó a estudiar al teniente coronel David Galula de Francia al Centro de Asuntos Internacionales de Harvard. Ahí, Galula se hizo amigo cercano de Henry Kissinger, quien después se volvió Asesor de Seguridad Nacional y Secretario de Estado de Estados Unidos. En su visita, Galula fue tutor del liderazgo militar estadounidense e incluso organizó un simposio en Virginia en el que compartió la teoría de contrainsurgencia que desarrolló en su experiencia en las campañas coloniales de Vietnam y Argelia.
Los Estados Unidos empezaron a ver los movimientos nacionales de justicia social y el poder negro como una insurgencia en crecimiento hacia el final de la década de 1960. El FBI investigó nuevas maneras de reprimir estos movimientos después de los levantamientos de 1967. Diseñada para controlar poblaciones a través de la vigilancia, la guerra psicológica y la fuerza paramilitar, los franceses formalizaron una estrategia llamada el Dispositivo de Protección Urbana (DPU). Estados Unidos adoptó este marco de trabajo, la CIA lo usó en contra de los militantes y las comunidades negras dentro de su país. Este marco se llamó COINTELPRO. Estaba muy influenciado por el DPU francés. De ahí tomaron tácticas como el Programa de Informantes del Barrio, que le pagó a casi siete mil agentes para espiar los barrios bajos negros.
Un cambio en la política internacional de 1979 hizo que las tácticas estadounidenses entraran a terrenos todavía más tenebrosos. En Nicaragua, la revolución sandinista derrocó la dictadura de Somoza, que estaba apoyada por el gobierno americano, mientras que la revolución venció a la dinastía Pahlavi en Irán. El presidente de Estados Unidos tomó la oportunidad de venderle armas al nuevo régimen iraní y con las ganancias financió la contrainsurgencia en Nicaragua. Cuando se acabó ese dinero, el Departamento de Estado estadounidense utilizó a los narcotraficantes en Estados Unidos para financiar el esfuerzo de los contras. En este contexto, la guerra contra el narco se volvió no sólo una lucha nacional estadounidense en contra de los narcóticos, sino la extensión de una estrategia colonial replanteada para comenzar un nuevo tipo de guerra internacional.
Los creadores de mitos nos quieren hacer creer que el tráfico de drogas es un negocio sin mayores problemas. En Los cárteles no existen Osvaldo Zavala nos cuenta una historia distinta. Estas redes son un desastre. Están fragmentadas, son caóticas, están dominadas por jerarquías muy competitivas e inestables. Los narcotraficantes suelen ser varones jóvenes pobres de ciudades fronterizas como Monterrey, Ciudad Juárez o Tijuana. Esta ubicación es clave porque al estar cerca de la frontera se puede intentar hacer dinero fácil a través de la frontera.
Impulsado por Estados Unidos, el mito del narco es la fundación de la violencia sistémica y el desplazamiento de comunidades rurales en México. El campo mexicano, rico en recursos y que en buena medida todavía es de propiedad colectiva, pudo haber sido la base de una vida sostenible para las comunidades locales. Pero el mito del narco abrió el surco de la explotación y la privatización. Los campesinos son asesinados o expulsados con un terror brutal. Las verdaderas redes del negocio de las drogas están intactas porque son inseparables e indistinguibles del gobierno, los militares y la clase dominante de ambos lados de la frontera.
La iniciativa Mérida: un genocidio legal
En 2006 México y Estados Unidos firmaron un plan de “cooperación de seguridad” llamado Iniciativa Mérida. No sólo se trataba de luchar contra las drogas. Estados Unidos mandó equipo (helicópteros, máquinas de rayos X) y cientos de millones de dólares, así como consejeros. El plan estaba claro: militarizar México, controlar las rutas migratorias y empujar las prioridades del capital en lo más hondo del campo mexicano.
Salvador Cienfuegos tuvo un papel central. Protegió al cartel de Sinaloa y Beltrán Leyva de 2005 a 2007. Ambos cárteles expandieron su poder cuando Cienfuegos se volvió el líder de la Primera Región Militar de México. Como Secretario Nacional de Defensa, Cienfuegos trabajó de cerca con Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública. Ambos fueron protagonistas en la Iniciativa Mérida, la base legal de un genocidio oculto conocido fuera del país como la Guerra contra el narco.
Juan Francisco Patrón, mejor conocido como el H2, dirigió el cártel Beltrán Leyva, pero lo mataron los marinos en 2017. La historia es sencilla: el Estado luchó contra los carteles. Pero la verdad es más complicada. Los carteles no se oponen al gobierno, son parte de él. En 2020 la DEA arrestó a Salvador Cienfuegos en Los Ángeles por tráfico de drogas y lavado de dinero. El arresto reveló que, a pesar de la enorme inversión de las autoridades mexicanas y estadunidenses en el genocidio confeccionado a través del mito y la Guerra del narco, todavía necesitaban un culpable por los cientos de miles de campesinos, mujeres y trabajadores rurales muertos o desparecidos. A su historia le faltaba un personaje.
Alineado con los intereses imperialistas de Estados Unidos, México es un Narcoestado. Ambos gobiernos financian fuerzas militares y paramilitares que ocultan un genocidio que despoja enormes cantidades de tierra. Los asesinatos masivos y la violencia abren camino a la privatización y la capitalización. Los medios de comunicación borran sistemáticamente a las comunidades indígenas y los migrantes de sus narrativas porque sus formas de vida y sus tierras están siendo sistemáticamente exterminadas y extraídas. Mientras los medios transmiten imágenes violentas de Medio Oriente, a propósito ocultan el genocidio mexicano. La desaparición de cadáveres es una táctica tanto de violencia como de propaganda. Estados Unidos aprovecha su influencia para aparentar inocencia cuando en realidad es quien paga y decide. El gobierno de México, con o sin uniforme, sólo ejecuta la atrocidad dentro del país y contra los migrantes que intentan atravesarlo.
Resistencia en la Guerra del narco
Los movimientos autónomos se defendieron en el contexto de la Iniciativa Mérida. Estudiantes, indígenas, mujeres, campesinos y punks organizaron protestas, bloqueos, ocupaciones, marchas, destrozos, autodefensas y verdaderas insurrecciones en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Ciudad de México y otros lugares.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), uno de los sindicatos radicales más grande de América Latina, movilizó a 80 000 profesores que ocuparon la plaza central de Oaxaca en 2006. Exigían mejorar las condiciones laborales de las escuelas públicas, pero pronto las exigencias escalaron y se convirtieron en una de las insurrecciones más numerosas de nuestro tiempo. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) expulsó a la policía y tomó el control de la ciudad de Oaxaca a través de una red de comunas democráticas. Muchos se unieron a los maestros en contra el gobernador Ulises Ruiz, quien los reprimió: escuadrones de la muerte e infinidad de abusos a los derechos humanos. Unas treinta personas murieron.
Liderado por mujeres, el pueblo purépecha de Cherán se organizó para defender sus bosques en 2011. Con armas y valentía expulsaron a los partidos políticos, los criminales y, como pasó cinco años antes en Oaxaca, a la policía. Hasta el día de hoy Cherán sigue protegiendo a su comunidad. Es uno de los pueblos más seguros de Michoacán.
43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados el 26 de septiembre de 2014. Los estudiantes, herederos de una larga tradición de jóvenes militantes comunistas, iban en camino a la capital a conmemorar la masacre estudiantil del 1968 mexicano. En el camino, la policía los detuvo y enfrentó, acusándolos de secuestrar camiones de pasajeros. La policía abrió fuego. Los estudiantes de Ayotzinapa aclararon que sólo estaban pidiendo que los lleven a la capital. Pero los detenidos nunca llegaron a la estación de policía. Se dice que se los llevó el cartel Guerreros Unidos, es decir, el mismo gobierno mexicano. El secuestro masivo provocó protestas, bloqueos, huelgas y enfrentamientos en todo el país. Un estallido social de la magnitud como la que años después vimos en Chile y Colombia.
Las oficinas de gobierno de Chilpancingo, Hidalgo, fueron destruidas el 14 de octubre de 2014. Una semana después quemaron más oficinas en la misma ciudad. Una semana después, las marchas alcanzaron y destruyeron las oficinas centrales del partido gobernante. Al día siguiente, 50 000 personas marcharon en la Ciudad de México. En Iguala, los encapuchados prendieron en llamas la plaza principal. El nueve de noviembre de ese año, miles de personas marcharon al Zócalo de la Ciudad de México. Los anarquistas derribaron los muros de contención, aventaron bombas molotov y quemaron las puertas del Palacio Nacional. Los padres de los estudiantes desaparecidos dieron una gira por todo el país exigiendo justicia para sus hijos durante semanas. Se unieron a tres marchas diferentes que se encontraron con miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México el 20 de noviembre. La policía tiró gas lacrimógeno y agua a presión. Los anarquistas contraatacaron, aventando molotovs, piedras y fuegos artificiales.
En cualquier marcha se siguen viendo las pancartas con los nombres y caras de los 43 estudiantes desaparecidos en todo el país hasta el día de hoy. Sus familiares siguen buscando justicia. Al comprender la tragedia, la verdad de los asesinatos y desapariciones, alguna vez oculta tras el mito del narco, se develó en una sola consigna: fue el Estado.
La CNTE luchó en contra de la privatización de la educación en Nochixtlán en 2016. Más de cien personas fueron heridas y por lo menos seis personas murieron en el enfrentamiento.
Ese mismo año, inspiradas por el movimiento argentino Ni Una Menos y en contra del feminicidio y el machismo, el ocho de marzo, las feministas de México tomaron las calles. Así comenzó el movimiento social más extenso y significativo de la última década en México. Ocupaciones, enfrentamientos y protestas brotaron en universidades de todo el país. Bloques negros exclusivamente de mujeres se baten con la policía cada año en esa fecha. Al día de hoy, dos terceras partes del país por fin tiene acceso gratuito al aborto.
El gobierno de Morena: la fachada de la socialdemocracia
El clima político mexicano dio un giro en 2018, cuando Morena, el partido socialdemócrata, llegó al poder. Esto fue interpretado por mucha gente como una ruptura del duopolio Pri-Pan que dominó el sistema mexicano durante un siglo. Pero, aunque ofrece un mínimo de seguridad y bienestar social, el gobierno mexicano ha mantenido su esencia: reprimir activistas, criminalizar la protesta, militarizar, violentar migrantes, gentrificar, profundizar el despojo de tierras y recursos indígenas.
En su primer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador (“AMLO”) presumió haber acabado la Guerra del narco porque se terminaron las emboscadas espectaculares como la del H2. Su posición al respecto del narcotráfico se resumió en “abrazos, no balazos”. Ese mismo año, Genaro García Luna fue arrestado con cargos múltiples, incluyendo tráfico de drogas y crimen organizado, vinculado al Cartel H2 y Beltrán Leyva. Al mismo tiempo, la policía empezó a militarizarse en todo el país con, como lo viene haciendo desde los 70, tecnología sionista.
En 2022, personas sin uniformes ni placas arrestaron a Yorch, una figura clave de la escena anarquista y punk de la Ciudad de México. Él era uno de los que llevaban el Okupa Che, el okupa más viejo de los pocos que sobreviven en la capital. Yorch fue perseguido, al igual que Miguel Peralta, desde que empezó el gobierno de Morena. En 2023, el gobierno desalojó el Okupa Chiapaz, un okupa anarquista que estaba en el corazón del distrito financiero. Ese mismo año, la policía arrestó a una maestra y activista de Xochimilco, Hortensia Telesforo, por haber ocupado una librería del barrio. Los vecinos de Xochimilco que, como ella, se resisten a la privatización del lago y el agua de esa zona se han enfrentado a la policía varias veces.
A pesar de estos choques, Morena obtuvo una victoria contundente, en las últimas elecciones presidenciales ganó la primera mujer presidenta. El gobierno ha reciclado las luchas sindicales y a sus líderes para mostrarse como una fuerza socialdemocrática idéntica a la que gobernó México durante todo el siglo pasado. Pero los medios internacionales consideran a Morena como un movimiento de izquierda. En realidad Morena es la socialdemocracia mexicana de siempre. Racista y clientelar, servil a Estados Unidos, con un discurso impecable y acciones que demuestran exactamente lo opuesto a lo que se dice. El gobierno mexicano oculta lo que le resulta inconveniente y permite que Estados Unidos controle el país, arrastrándonos a la miseria y la deuda cada día más.
Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de cárcel en una corte estadounidense en 2024. Es difícil creer que el imperio que pagó la Guerra del narco no supiera de antemano que el Estado y el narco siempre han sido lo mismo. El mismo imperio que financió este genocidio ahora le echa la culpa a García Luna. El personaje que le faltaba al mito que confeccionó con la telenovela del narco.
AMLO mintió. El genocidio contra la gente morena, indígena y pobre nunca se detuvo. El número de desapariciones crece todos los días en México. El gobierno retiene más de 70.000 cuerpos no identificados mientras las familias esperan encontrar a sus seres queridos. Una persona desaparece en México cada hora. El país es un cementerio. Morena simplemente varió su estrategia con Estados Unidos, cambió la fachada y volvimos a la dictadura “suave” del siglo pasado.
El gobierno mató a Samir Flores Soberanes, el líder en la lucha en contra del Proyecto Integral Morelos, una pieza clave de una infraestructura mucho más amplia impulsada por Morena y la clase dominante. El Proyecto Integral Morelos está conectado al Tren Maya y el Corredor Interoceánico, ambos diseñados para militarizar áreas cada vez más extensas del país, desplazar comunidades pobres, indígenas y campesinas para convertir toda esa fuerza de trabajo campesino en mano de obra barata urbana. Al mismo tiempo, este ambicioso proyecto de infraestructura interconectada tiene el objetivo de detener a los migrantes pobres (principalmente de Centroamérica, Venezuela y el Caribe) que pasan por México rumbo a Estados Unidos.
Con el reciente Tratado Entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los primeros dos países han adoptado una estrategia clientelar, combinando inversión y desarrollo industrial con una militarización exclusivamente diseñada para defender los intereses de Estados Unidos. La mitad del maíz que se consume en México hoy viene de Estados Unidos y sigue aumentando la proporción. El maíz que se produce en México es cada vez más dañino. Lo cual nos despoja del corazón de nuestra cultura, la raíz y el alimento principal, el corazón de nuestra civilización. Sin embargo, Morena, en su segundo sexenio, insiste en que se acabó la Guerra del narco, que México es soberano y autónomo. En realidad, el genocidio continúa, el saldo rojo sigue creciendo y las intervenciones estadunidenses, al igual que el descubrimiento de fosas masivas repletas de cadáveres, sólo aumentan.
La lucha por el territorio y la autonomía indígena
Por herencia de la Revolución Mexicana, más o menos la mitad de México hoy es de propiedad colectiva. Esta propiedad social le da la oportunidad a las poblaciones indígenas y pobres de construir autonomía y vincular la resistencia al cambio climático y defenderse legalmente del racismo estatal. De cualquier modo, el gobierno mexicano sigue reprimiendo estos esfuerzos al hacer alianzas con los intereses imperialistas de Estados Unidos y, poco a poco, también de China.
La guerra del narco sirve como una herramienta para demeritar al Congreso Nacional Indígena y su demanda por derechos territoriales y autonomía. El gobierno mexicano y estadounidense continúan usando la violencia, el desplazamiento forzado y la migración como armas para reprimir nuestras luchas. Estados Unidos ha invertido millones en campañas militares y paramilitares que desplazan comunidades migrantes e indígenas. Ahora los movimientos de abajo deben decidir si aceptan estas narrativas imperialistas o se organizan para revertirlas. Esta lucha no es sólo por la supervivencia, se trata de completar lo que dejó inconclusa la Revolución Mexicana: una verdadera soberanía territorial y autonomía social para la mayoría.
El mito del narco, diseñado para dividir y conquistar, sigue desplazando comunidades, destruyendo la autonomía y ocultando los verdaderos intereses económicos y racistas que están en juego. La guerra que se libra de ambos lados de la frontera no es sólo por el tráfico de drogas, sino por la opresión sistémica y el ocultamiento de un genocidio permanente. Uno tan cercano y doloroso que hemos sido incapaces de llamarlo por su nombre.
Magón vive. La lucha sigue.
